CARTA AL MINISTRO DE JUSTICIA

Nombre.-
Apellidos
D.N.I. nº.-
Dirección
Colegiado nº
Colegio.-

A/a D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez

Excmo. Sr. Ministro de Justicia
Calle San Bernardo 45
28071-Madrid

En Albacete a …..de octubre de 2012.

Muy Sr. Mío:

En primer lugar quiero presentarme, mi nombre es …….. y soy un abogado joven. Me dirijo a Vd. a fin de mostrarle mi frontal oposición y absoluto rechazo al Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que ha sido presentado y cuyo contenido es público.

Quiero mostrarle mi malestar y el de mi colectivo en concreto, sin perjuicio de que el perjudicado en general no solamente es ya el colectivo de Abogados y Procuradores, sino, en definitiva, el ciudadano, ante el contenido de dicha norma. Es lamentable ver como las tasas previstas no se modulan en función de la capacidad económica, sino que las sufrirán las clases medias; y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional. A su vez, en una situación de extrema gravedad como la actual, esto no solo va a suponer la imposibilidad de que el ciudadano medio pueda acceder a la Justicia en los términos previstos en nuestra Constitución, sino que con ello se va acabar de maltratar a los colectivos profesionales, como es nuestro caso, que con ello se verán privados de mantener una actividad profesional lícita y necesaria, como así establece en varias ocasiones la misma Constitución cuyo contenido parece ahora obviarse y que, en definitiva, constituyen el sustento de numerosas familias. La actividad judicial no solamente la componen y sustentan oficiales, agentes, auxiliares, secretarios judiciales, fiscales y jueces, sino que los Letrados y Procuradores, cuya actividad es tan digna como las anteriores se verán nuevamente cercenados en el derecho al ejercicio de su actividad profesional con un mínimo de dignidad y profesionalidad.

Por otra parte, no menos preocupante, nos encontramos ante el hecho de que hay comunidades autónomas, como Cataluña ya vigente y Valencia en ciernes, que aplican ya una serie de tasas al Justiciable, con lo cual, de entrar en vigor su norma recaudatoria, se aplicaría doblemente una tasa al ciudadano que accede a la Justicia, lo que ya resulta injustificable por mucho que se pretenda por el legislador motivar la fijación de las mismas.

Si realmente es necesario un sistema de filtro en los litigios, que esto venga determinado por la temeridad y la mala fe, que pague efectivamente el condenado en costas, si hay tal condena y cuando exista; que se rebajen las cuantías fijas sustancialmente y se supriman las variables, todo ello contando con la rotunda supresión de las tasas en la Jurisdicción Laboral, así como la ampliación de supuestos en las exenciones a las tasas en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa.

En definitiva, por si no tuviera en cuenta las enmiendas totales y parciales presentadas por numerosos colectivos, entre ellos el nuestro, le pido que recuerde que la mejora de la Justicia no es una cuestión de números o estadísticas, sino de personas y por ello también de profesionales. La mejora de la Justicia es una necesidad y en eso estamos de acuerdo con Vd. pero dicha mejora no se conseguirá destruyendo los derechos de los ciudadanos que tanto ha costado conseguir de forma democrática, ni restringiendo el acceso a la Justicia por un criterio de capacidad económica.

Por último, me pongo a su disposición para mejorar la Justicia, la Justicia de todos, pero reflexione y escuche, porque esto no es un manifiesto gratuito y anecdótico sino el sentir de la abogacía joven y, en definitiva, de los que hemos estudiado una carrera y optado por una profesión de la que pretendemos seguir sintiéndonos orgullosos y en la que sin el servicio al ciudadano carecería de sentido.

Atentamente le envío un cordial saludo.